“¡Pínchale el talón al muerto!”, me advirtió una mujer sin hogar. A la mañana siguiente, un médico me entregó un hombre con certificado de defunción, mientras su esposa preguntaba por el notario. Esperé a quedarme sola, le quité el calcetín izquierdo y descubrí algo que llevaba cuarenta años intentando olvidar.

Al día siguiente, la agente del Ministerio Público, Mariana Ríos, me pidió ampliar mi declaración. Me mostró únicamente el documento que yo había recibido para firmar: en él constaba una hora de fallecimiento incompatible con los signos vitales registrados cuando Andrés ingresó al hospital.

—Hay otra investigación relacionada —dijo—. La esposa habría utilizado un poder notarial para vender la casa meses antes del supuesto fallecimiento.

No quise creerlo. Pensé en Patricia preguntando por el notario mientras su esposo yacía inmóvil. Mariana me explicó que revisaban el folio del Registro Público de la Propiedad y las transferencias bancarias. La venta todavía podía ser impugnada, pero nadie iba a devolver un inmueble solo por sospechas.

En terapia intensiva Andrés abrió los ojos al cuarto día. Cuando lo pasaron a una habitación común, fui a verlo con una taza de caldo. Me miró detenidamente.