Me condenaron a 25 años de prisión. Mientras los guardias se acercaban para llevarme, mi suegra fingía llorar y mi esposo acariciaba tiernamente el vientre de su amante embarazada. Los miré, sonreí con tranquilidad y revelé un secreto. Los oficiales se quedaron paralizados y, de repente, el fiscal gritó: «¡Detengan el traslado!».

—Mi hermana no pensaba irse —dijo Lucía en la declaración que Tomás me leyó—. Habíamos quedado de comer el domingo. Me dejó encargado un libro que quería regalarle a mi hijo.

En el expediente de la desaparición también figuraba un mensaje de Julián asegurando que Elisa se encontraba bien en Madrid. Pero estaba enviado desde su propio número; nadie había hablado con ella.

Lo más grave surgió cuando revisamos el expediente de Arturo. La compra electrónica atribuida a mí correspondía a un medicamento de concentración distinta a la prescrita. Yo jamás había solicitado ese cambio. Tomás consiguió que un perito independiente comparara el comprobante con los datos suministrados por el proveedor y la información incorporada al juicio.

La cuenta era mía. Sin embargo, la aprobación de la compra se había hecho desde un dispositivo asociado al despacho corporativo de Julián, no desde mi computadora personal. En el juicio nadie había requerido ese dato al proveedor.