Mi madrastra subió al autobús que manejo a las seis de la mañana y se quedó helada al reconocerme. “No sabes en lo que te estás metiendo”, susurró mientras escondía su tarjeta. No le respondí; seguí el procedimiento. Jamás imaginé que aquella pequeña credencial, con la fotografía de mi padre, terminaría llevándome hasta 41 expedientes judiciales relacionados con el mismo abogado.

Yo quería correr al juzgado y exigir explicaciones.

Daniela me detuvo.

—No vamos a acusar a nadie sin pruebas. Si queremos que tu papá salga de ese lugar, tenemos que hacerlo correctamente.

Presentamos la información ante la Fiscalía del Estado y solicitamos que también se investigaran posibles irregularidades relacionadas con pagos de pensiones federales.

Los investigadores no tardaron en descubrir movimientos sospechosos.

Varias cuentas pertenecientes a personas fallecidas habían registrado retiros después de sus muertes. Algunos pagos de pensiones continuaron durante meses porque nunca se notificaron los fallecimientos a las instituciones correspondientes.

Las cámaras de los bancos mostraron a personas relacionadas con la administradora realizando operaciones con documentos de los titulares.

Pero había algo todavía peor.

Las facturas de mi padre indicaban que supuestamente recibía atención médica particular, rehabilitación y visitas semanales de especialistas.

Sin embargo, nadie podía confirmar que esos tratamientos realmente se realizaran.