Irene remitió los posibles delitos federales a las autoridades competentes. Hubo peritajes, entrevistas y solicitudes legales de información bancaria. Algunas empresas demostraron servicios reales; otras no pudieron justificar ni una factura.
Mauricio publicó un comunicado donde decía que me amaba y que yo necesitaba tratamiento. Después su abogado ofreció un convenio de divorcio con dinero suficiente para comprar un departamento, a cambio de que retirara las denuncias y guardara silencio sobre la fundación.
—Es una oportunidad para que empieces de nuevo —me dijo durante una reunión entre abogados, a la que acudí por videollamada.
—No estás ofreciendo empezar de nuevo. Estás poniendo precio a mi silencio.
—Daniela, podemos arreglar esto como adultos.
—No voy a negociar la verdad de mis lesiones. Y no tengo facultad para retirar una investigación pública aunque quisiera.
La investigación financiera tardó casi un año en reunir elementos suficientes para judicializar parte de las operaciones. Los peritos encontraron que el supuesto albergue de Tonalá nunca recibió la rehabilitación de seiscientos ochenta mil pesos. El proveedor compartía representante con la sociedad administradora. En tres expedientes médicos había firmas atribuidas a Lucía en fechas en que ella estaba fuera de México. Y la evaluación de Vela sobre mí describía entrevistas que jamás ocurrieron.
