Me condenaron a 25 años de prisión. Mientras los guardias se acercaban para llevarme, mi suegra fingía llorar y mi esposo acariciaba tiernamente el vientre de su amante embarazada. Los miré, sonreí con tranquilidad y revelé un secreto. Los oficiales se quedaron paralizados y, de repente, el fiscal gritó: «¡Detengan el traslado!».

En la empresa agradecí a los empleados que protegieron los archivos. Ordené una auditoría independiente y aparté temporalmente a quienes aprobaron gastos sin sustento. Me negué a despedir a todos los contratados durante mi ausencia: algunos desconocían el fraude. No gobernaría la compañía castigando cualquier desacuerdo.

Parte del dinero desviado fue inmovilizado por orden judicial; el resto quedó en litigio. Perdimos contratos y tuvimos que proteger los empleos. Recuperar mi nombre no arregló las cuentas.

El divorcio fue otro trámite largo. Renuncié a discutir en público quién había arruinado nuestro matrimonio: las fechas, las fotografías y los expedientes hablaban por sí solos. Recuperé por la vía correspondiente las joyas que Beatriz había tomado sin permiso, incluido el collar de Arturo. No volví a usarlo; lo guardé con sus cartas.

Camila sabía que Julián estaba casado, pero no se acreditó su participación en las muertes. Entregó mensajes sobre las transferencias y devolvió bienes adquiridos con dinero empresarial. Tuvo una niña y se mudó con su familia.

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