Había una habitación sin ventanas, con aislamiento acústico, una cama infantil, cámaras internas y una cerradura que solo podía abrirse desde afuera. En una repisa aparecían frascos del mismo sedante encontrado en Sofía.
Pero eso no era todo.
Sobre una mesa había cuadernos con el nombre de Camila Beltrán, una niña de seis años desaparecida tres meses antes.
Conocía el caso por las noticias.
Su padre, Mauricio Beltrán, era un empresario que había denunciado a la constructora de Fernando por fraude y desvío de anticipos.
—¿Camila estuvo ahí? —pregunté.
—Tenemos indicios de que sí. Encontramos cabello, ropa, dibujos y una pulsera escolar. También un expediente falso para sacarla del país con otra identidad.
Sentí náuseas.
En ese momento llegó mi padre, el general retirado Arturo Serrano. No venía con escoltas ni discursos. Solo con la cara destruida de un abuelo que acababa de entender que su dinero había convertido a su nieta en objetivo.
—Fue el fideicomiso —dijo—. Fernando tenía deudas enormes. Si Sofía moría siendo él su tutor, podía intentar controlar temporalmente los bienes mientras se resolvía la sucesión.
—¿Intentar?
—Sí. No era automático. Pero encontró a alguien dispuesto a falsificar documentos.
La Fiscalía ya había localizado al médico que firmó el certificado de defunción.
Era Sergio Reyes, hermano de Natalia.
Según los registros, jamás examinó personalmente a Sofía.
Entonces apareció otro dato: semanas antes, Fernando había pedido copias certificadas del fideicomiso, de la póliza de seguro y del acta de nacimiento de la niña. También había consultado cómo iniciar trámites sucesorios “en caso de fallecimiento de un menor”.
Todo estaba planeado.
Pero la revelación más grave llegó casi al amanecer.
Un agente entró al pasillo con el teléfono en la mano.
—Localizamos a Camila Beltrán.
Me puse de pie de golpe.
—¿Viva?
El hombre tardó un segundo en responder.
—Sí. Está viva. La tenían en una casa rentada en Cuernavaca. Y la persona que la cuidaba acaba de declarar que Fernando no era quien daba las órdenes.
Miré hacia la habitación donde Sofía dormía conectada a los monitores.
Si Fernando no era el cerebro de todo aquello, entonces alguien de la familia había construido el plan desde mucho antes.
Y el nombre que la cuidadora acababa de dar era el último que yo esperaba escuchar.
PARTE 3
La mujer que cuidaba a Camila se llamaba Graciela Montes. Tenía cincuenta y ocho años y trabajaba desde hacía más de dos décadas como enfermera particular. La Fiscalía la detuvo en una casa de descanso a las afueras de Cuernavaca, donde encontraron a la niña con vida, deshidratada, sedada y convencida de que su padre la había abandonado.
Cuando le preguntaron quién le pagaba, Graciela no señaló a Fernando.
Dijo:
—Doña Claudia Durán.
La madre de mi exmarido.
Por un momento creí que había escuchado mal.
Doña Claudia siempre había sido cruel conmigo, sí. Durante el divorcio declaró que yo “prefería el uniforme antes que ser madre”. Interfería en las visitas, revisaba los mensajes que yo enviaba a Sofía y repetía que una niña necesitaba “una familia normal, no una madre que vive entre guardias y hospitales”.
Pero de ahí a organizar secuestros, dopar a una niña y preparar la muerte de su propia nieta había una distancia que mi mente se negaba a aceptar.
Camila había sido el primer caso que la Fiscalía pudo documentar.
Su padre, Mauricio Beltrán, había descubierto que Fernando inflaba costos y desviaba anticipos de una obra en Interlomas. Cuando amenazó con denunciarlo, la niña desapareció a la salida de una clase de danza.
Durante semanas, Mauricio recibió llamadas anónimas. Nunca le pidieron dinero. Le exigían retirar la demanda.
Él se negó.
Entonces Claudia cambió el plan: mantener a Camila sedada, conseguir documentos falsos y enviarla al extranjero como si se tratara de una menor entregada voluntariamente a una familia adoptiva.
La operación se había detenido porque el intermediario que debía mover los papeles desapareció con parte del dinero.
Por eso Camila seguía en Cuernavaca.
Sofía, en cambio, no había sido secuestrada.
Ya la tenían.
Y eso hacía todo mucho más fácil.
El fideicomiso creado por mi padre contenía una cláusula que permitía al tutor legal administrar temporalmente ciertos bienes destinados a la manutención de Sofía mientras un juez resolvía cualquier contingencia sucesoria. No significaba que Fernando pudiera quedarse con todo, pero sí le daba acceso suficiente para intentar tapar deudas, mover recursos y ganar tiempo.
Claudia lo sabía.
También sabía que yo llevaba meses solicitando una revisión de custodia.
Si yo recuperaba a Sofía, perdían el control.
Así que decidieron que mi hija debía “morir”.
El médico Sergio Reyes falsificó el certificado asegurando que había sufrido una falla respiratoria aguda. Natalia consiguió medicamentos con recetas apócrifas. Fernando administró varias dosis en casa.
Pero algo salió mal.
