En el ámbito criminológico y psiquiátrico, la efectividad de la castración química presenta matices importantes que impiden considerarla una solución única o definitiva:

1. Etiología multifactorial de la agresión sexual: La agresión sexual no responde de forma exclusiva al impulso biológico o al nivel de testosterona. Factores como la necesidad de dominio, el ejercicio de poder, la violencia hostil, trastornos de la personalidad y esquemas de pensamiento distorsionados desempeñan un papel central en la conducta delictiva. La supresión hormonal no elimina por sí sola la capacidad de cometer actos violentos ni la voluntad de agredir.
2. Adherencia al tratamiento: Dado que el procedimiento requiere dosis repetidas, su efectividad depende del cumplimiento del esquema farmacológico. En sistemas donde se aplica de forma voluntaria dentro de programas de libertad condicionada, la tasa de adherencia es significativamente mayor que en modelos de imposición forzada, donde el rechazo del interno suele traducirse en el abandono del tratamiento al recuperar la libertad.
3. Necesidad de abordaje interdisciplinario: Los consensos en criminología destacan que la terapia farmacológica solo ofrece resultados sostenibles cuando se combina con psicoterapia cognitivo-conductual especializada en la reestructuración de distorsiones cognoscitivas y el control de impulsos.

A nivel jurídico y de derechos humanos, la imposición obligatoria de tratamientos médicos como sanción penal plantea severos dilemas constitucionales. Diversos organismos internacionales señalan que la administración forzosa de medicamentos que alteran la función fisiológica puede vulnerar la prohibición absoluta de penas crueles, inhumanas o degradantes, así como el principio de inviolabilidad e integridad corporal. Por esta razón, la mayoría de los ordenamientos jurídicos que contemplan el uso de antiandrógenos lo estructuran como una medida de seguridad postpenal, sujeta a evaluación médica especializada y consentida voluntariamente por el penado como alternativa para acceder a beneficios penitenciarios.